Reestructuración mercantil en el horizonte.

Publicado el 17 de enero de 2017

El 7 de agosto de 2015 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley No. 141-15 de Reestructuración y Liquidación Judicial de Empresas y Personas Físicas Comerciantes (LRLJ), iniciando con ello la instauración de un modelo integral que busca, como primera opción, la continuación de las operaciones de aquellos deudores empresas o personas físicas comerciantes ante situaciones financieras o administrativas que real o potencialmente amenacen su funcionamiento. De acuerdo a su artículo 1, la LRLJ busca lograr esta continuidad en razonable equilibrio con las prerrogativas y obligaciones de las demás partes interesadas en el proceso (stakeholders), en particular de los acreedores. A su vez, la LRLJ organiza en su Título IV, el régimen de cooperación en los procedimientos de reestructuración o insolvencia de alcance transfronterizo.  

Para dar paso a la LRLJ se ha derogado expresamente el Libro Tercero sobre Quiebras y Bancarrota del Código de Comercio (artículos  437 al 614) y la Ley No. 4582 sobre tentativa de arreglo previo a toda demanda de quiebra del año 1956.

Esta legislación, que sigue los criterios internacionales en la materia, en particular los Principios para un Sistema Efectivo de Derechos de los Acreedores y Deudores ante la Insolvencia del Banco Mundial y la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas Para el Derecho Mercantil (CNUDMI) en materia de procesos de insolvencia transfronterizos, coloca por primera vez a República Dominicana en el mapa global de las prácticas modernas de insolvencia.

Aunque novedad en nuestro sistema, debemos ser conscientes de que República Dominicana llega con un importante retraso respecto de la mayoría de los países del mundo, pero sobre todo de la región. Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Costa Rica, Colombia, Panamá, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil, por citar algunos, son países cercanos que cuentan con legislaciones en la materia desde hace más de una década y, en algunos casos, con medio y hasta un siglo de normativa y práctica. 

Esta falta de actualización en la normativa sobre reestructuración ha afectado al país en sus índices de competitividad, ocupando en esta materia el lugar 160 de 190 países en el ranking Doing Business 2017 del Banco Mundial; por mucho la peor nota que obtiene el país dentro de todas las variables medidas. A su vez, esta nota es la penúltima dentro de la región de Latinoamérica, siguiéndole sólo Venezuela (en el lugar 165) y luego otros siete países, dentro de los que se encuentra Haiti, que no tienen valoración por falta de normativa o imposibilidad de medición. Para que tengamos una idea completa, en el ranking de la región latinoamericana y del Caribe el país está por detrás de 26 países y su nota de ranking (160) contrasta con la media de nota del ranking regional (106).

Si bien de forma pro activa el Consejo del Poder Judicial en diciembre de 2016 dispuso i) la habilitación de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, así como la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial  del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, para funcionar como Tribunal de Primera Instancia de Liquidación y Reestructuración en sus respectivas jurisdicciones; y, ii) la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, así como la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago para funcionar como Cortes de Apelación en la materia en sus respectivas jurisdicciones -ambas designaciones hasta tanto se designe los jueces que conformarán la jurisdicción especializada que ordena la LRLJ- aún faltan acciones por tomar.      

La LRLJ es evidentemente un primer paso, pero que no se basta a sí misma. Ésta no es una norma autoaplicativa, es decir, que su entrada en vigencia, aunque fijada a los 18 meses de su promulgación -el próximo 7 de febrero de 2017- no es posible si no se acompaña de otras normas que la complementan. Por un lado, es necesaria la promulgación del Reglamento de Aplicación por parte del Poder Ejecutivo, norma que tiene la tarea de desarrollar gran parte el texto legislativo, como el funcionamiento de la asamblea de acreedores, el registro y actuación de los funcionarios de los procesos, el régimen de publicidad o la precisión de ciertos aspectos procesales, entre otros. Existen al menos 17 grandes temas remitidos a desarrollo reglamentario por la propia LRLJ. La propuesta de Reglamento ha agotado ya su proceso de consulta pública a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). 

Pero esta implementación de la LRLJ tampoco se basta con el Reglamento de Aplicación. Por los efectos de las propias disposiciones de la LRLJ y su Reglamento, es necesario que las Cámaras de Comercio y Producción adopten decisiones internas, lleven a cabo el reclutamiento de las personas que fungirán como funcionarios de los procesos y coordinen con el Poder Judicial los mecanismos para asignación automática e intercambio de información, entre otras cuestiones. Además, la LRLJ ha dispuesto que la Administración Monetaria y Financiera, el Consejo Nacional de Valores y los demás reguladores sectoriales (artículos 233, 234 y 235) adopten las medidas y decisiones reglamentarias necesarias para adecuar las normas especiales a las previsiones de la ley y del nuevo sistema de reestructuración.

La realidad es que sin estas normas de aplicación no será posible implementar la LRLJ y por tanto imposible avanzar en la construcción de un sistema de resolución eficiente de las insolvencias en nuestro mercado. 

En artículos previos hemos comentado que la valoración del país en los rankings internacionales, como el Doing Business, tampoco se mide por la adopción del texto legislativo en sí, sino por su entrada en vigencia y desempeño; es decir, que hasta que este modelo no comience a ser realmente implementado nuestros niveles de competitividad en ese aspecto seguirán siendo bajos. La mera existencia de la LRLJ no moverá el péndulo si no existe una real aplicación. A su vez, la competitividad se construye a partir de muchas variables, donde el tratamiento de la insolvencia es sólo una de ellas.   

Un cambio como este no es sencillo, sobre todo cuando implica modificar un modelo que tiene más de un siglo en vigencia, lo que significa que prácticamente ningún actor de este sistema ha aplicado un marco normativo en base a los principios y objetivos actuales, complicando así nuestra transición. Sin embargo, el país debe hacer el esfuerzo y avanzar hacia la construcción de un modelo que no sólo sea consistente con las prácticas internacionales en materia de insolvencia, sino que se conecte con la modificación y actualización de otras partes del sistema, como lo son las garantías mobiliarias, las garantías recíprocas, el acceso al crédito, el desarrollo del mercado de valores y la regulación corporativa. 

De la mano de todo este cambio el país debería encaminarse a establecer y agotar una agenda no sólo hacia la mejora de la competitividad, sino para ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y aumentar sus niveles de institucionalidad y cumplimiento de los estándares comunes.

La reestructuración mercantil está en el horizonte, es tiempo de avanzar.  


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